PREGUNTAS Y RESPUESTAS (MCRC Y SU IDEARIO)

El Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC) es una asociación civil, pre-política y cultural española.
El MCRC nace en el 2006. Fue fundado y estuvo presidido por el abogado, jurista y pensador repúblico, Antonio García-Trevijano Forte. Sus miembros afirman que en España no hay democracia, y definen al régimen actual como un Estado de partidos, oligarquía de partidos o partidocracia.
El movimiento no apoya ni apoyará a ningún partido político, nunca participará en unas elecciones, y se disolverá una vez alcanzada la libertad constituyente.

El MCRC persigue como principal objetivo la apertura de un período de libertad constituyente en España, tras el cual sea posible la implantación de una República Constitucional, un sistema de gobierno que cumpla con las dos principales reglas de juego de la democracia formal: la representación ciudadana y la separación de los poderes. Esto conlleva la elección directa de diputados de distrito mediante el sistema mayoritario uninominal (poder legislativo), la elección directa del presidente de Gobierno (poder ejecutivo) y la elección del gobierno de los jueces por parte del mundo judicial (Consejo de Justicia).

El principal objetivo del MCRC es alcanzar la libertad política colectiva. García-Trevijano ha denunciado desde que comenzara la transición pactada, que el régimen español es el producto de un consenso entre la oligarquía política, formada por los herederos del franquismo, y por los antiguos partidos clandestinos de la oposición. Actualmente, el MCRC trabaja para lograr la apertura de un periodo de libertad constituyente, tras el cual los ciudadanos puedan elegir entre distintas formas de estado y de gobierno (monarquía de partidos, república de partidos, república federal parlamentaria, república constitucional, etc.).

Por lo tanto, la libertad constituyente es la libertad que disfruta un grupo humano cuando tiene capacidad para decidir la forma de organización de la sociedad que integra. Constituir significa crear, fundar. La Libertad Constituyente es la situación de libertad que permite a los ciudadanos crear, fundar la forma de Estado y la de Gobierno.
No se trata de una utopía ni de una ensoñación, la historia ya nos ha dejado un ejemplo: la República de los EEUU se fundó tras un período de Libertad Constituyente.
La acción de la Libertad Constituyente está limitada en el tiempo con la aprobación en referéndum electivo de unas nuevas reglas de juego político. Ahora bien, el cuerpo social que ha llegado a conquistar la Libertad Constituyente conserva la capacidad de cambiar las reglas del juego político para sí y las generaciones que le sucedan.
La Libertad Constituyente es la libertad política en su forma primigenia. Es la libertad colectiva en el estadio de creación y fundación de las reglas del juego político.

I. Porque los seres humanos no nacen iguales en capacidad física y mental, ni en condición social, la Sociedad y el Estado deben garantizar la igualdad de derechos y de oportunidades.
II. Porque existe un imperativo moral en todas las conciencias, es condenable el oportunismo personal, social y político.
III. Porque los individuos no pueden desarrollar sus vocaciones ni sus acciones fuera del contexto social, la lealtad es fundamento de todas las virtudes personales y sociales.
IV. Porque los españoles padecen temores derivados de su tradicional educación en el Estado autoritario, sólo la valentía personal puede crear la fortaleza de la sociedad civil frente al Estado.
V. Porque durante siglos se ha sacrificado y despreciado la inteligencia y el espíritu creador, apartándolos de los centros de enseñanza, del Estado y de los Partidos, esas facultades individuales han de organizarse para tener presencia activa en la sociedad civil.
VI. Porque la decencia constituye el decoro de la civilización, la sociedad civil debe civilizar a los Partidos y Sindicatos, sacándolos del Estado.
VII. Porque entre el Estado de Partidos y la sociedad civil no existe una sociedad política intermedia, la parte más civilizada de aquella debe orientar la formación de ésta, sin el concurso del Estado.
VIII. Porque la política afecta al universo de gobernados, si el lenguaje de políticos y medios comunicativos no es directo, correcto y expresivo del sentido común, disimula una falsedad o esconde un fraude.
IX. Porque no son legítimas las razones ocultas del poder político, siempre será ilegitima la razón de Estado.
X. Porque a la razón de gobierno sólo la legitima la libertad política de los que eligen el poder ejecutivo del Estado, son ilegítimos, aunque sean legales, todos los gobiernos que no son elegidos directamente por los gobernados y no pueden ser revocados por éstos.
XI. Porque la razón de la ley está en la prudencia de legisladores independientes, elegidos por los que han de obedecerlas, no son respetables, aunque se acaten, las leyes emanadas de Parlamentos dependientes del Gobierno.
XII. Porque la razón de la justicia legal está en el saber experto de una judicatura independiente del gobierno y del parlamento, no pueden ser justas ni dignas las resoluciones de una organización judicial dependiente de ambos poderes.
XIII. Porque la razón del elegido está en el mandato unipersonal, imperativo y revocable del elector, es fraudulento el sistema proporcional de listas, que sólo representa a los jefes de partido.
XIV. Porque los medios de comunicación forman la opinión publica, no puede ser imparcial ni veraz la información controlada por un oligopolio de poderes económicos.
XV. Porque la corrupción es inherente a la no separación de los poderes estatales, sólo la puede evitar, con su separación, el recelo y la desconfianza entre sus respectivas ambiciones.
XVI. Porque las Autonomías fomentan los nacionalismos discriminadores o independentistas, deben ser compensadas integrándolas en la forma presidencial de Gobierno.
XVII. Porque las Autonomías fomentan gastos públicos improductivos, sus competencias susceptibles de ser municipalizadas deben de ser transferidas a los Ayuntamientos.
XVIII. Porque la Monarquía de Partidos carece de autoridad para garantizar la unidad de la conciencia española, y ha sido foco de golpes de Estado y corrupciones, debe ser sustituida por una República Constitucional, que separe los poderes del Estado, represente a la sociedad civil y asiente el natural patriotismo en la forma presidencial de Gobierno.
XIX. Porque la única razón de la obediencia política reside en el libre consentimiento de los gobernados, éstos conservan su derecho a la desobediencia civil y resistencia pasiva, sin acudir a la violencia, frente a todo gobierno que abuse del poder o se corrompa.
XX. Porque el pasado no puede ser revivido, sin imponerlo la fuerza del Estado, no es posible la restauración pacífica de la II República, cuya forma de gobierno parlamentario tampoco era democrática.
XXI. Porque el sistema de poder de las naciones europeas, ideado para la guerra fría, no es democrático, los españoles están obligados a innovar su cultura política para llegar a la democracia como regla formal del juego político.
Por lealtad a la sociedad civil, los Partidos Políticos, Sindicatos y Organizaciones No Gubernamentales no pueden ser financiados por el Estado; y por lealtad a la conciencia personal de los integrantes de este Movimiento de Ciudadanos, el MCRC no se transformará en partido político, y se disolverá tan pronto como su acción se agote con el referéndum que ratifique la Constitución democrática de la III República Española.

No. Somos una asociación civil y cultural con carácter pre-político. Nunca nos constituiremos en partido político. De hecho, la proclamación de la III República Española en la forma de una República Constitucional implicará la disolución automática del MCRC. Así lo establecen nuestros estatutos.

El MCRC tiene carácter pre-político porque no aspira a realizar ninguna de las dos posibles jugadas políticas: ni la iniciativa legislativa ni la acción de Gobierno. Lo pre-político son las reglas del juego político. Nuestros objetivos se agotarán con el establecimiento de las reglas que defendemos. Las jugadas políticas que se realicen a partir de ahí serán tarea de los ciudadanos que deseen intervenir en las acciones políticas.

Nuestros miembros son ciudadanos que ya saben que la forma de Estado republicana y la democracia formal como sistema de Gobierno son los únicos medios políticos conocidos por la humanidad que garantizan la libertad política y la igualdad ante la Ley de todos los individuos. Tenemos miembros y simpatizantes de todo el arco ideológico porque nuestros objetivos no entran en conflicto con ninguna de las diferentes jugadas políticas que persiguen las distintas ideologías. Nuestro único objetivo es el establecimiento de la democracia formal como sistema de reglas del juego político.

El MCRC no simpatiza con ninguna ideología ni está en conflicto con ninguna de ellas. Esto es compatible con que nuestros miembros puedan simpatizar con una u otra a título individual. El MCRC no es de izquierdas ni de derechas porque su objetivo se limita al establecimiento de las reglas de juego en el que se enfrenten libremente las distintas ideologías.
Cuando alguien dice que no tiene ideología, es que es de derechas
Eso puede ser cierto en un discurso sobre acciones legislativas o de Gobierno. Pero la defensa de la democracia formal como reglas del juego político no puede ser calificado de izquierdas ni de derechas por la misma razón que un reglamento deportivo no puede ser calificado como partidario de un determinado individuo o club que practique ese deporte.

Nuestro objetivo es la conquista de la III República Española en la forma de una República Constitucional que separe los poderes Ejecutivo y Legislativo y que garantice la representación política de los ciudadanos. Sólo hay una forma de separar los poderes y es hacerlo en origen con elecciones separadas: una para elegir al Presidente de la República –que también lo será del Gobierno– y otra para elegir a los diputados. Para alcanzar la República Constitucional proponemos que se abra un período de Libertad Constituyente que culmine en un referéndum electivo sobre la forma de Estado y la forma de Gobierno que los españoles quieran para España.
¿Qué medios de acción proponen para que se abra ese período de Libertad Constituyente que desemboque en una República Constitucional?
Sólo dos: la verdad de los hechos a través de la palabra y la abstención activa.

Existe un enorme cúmulo de razones que aconsejan la abstención activa. Se pueden resumir en dos:
• El sistema electoral proporcional impide la representación política de los ciudadanos y la sustituye por la representación de los partidos. Esto significa que la libertad política es hoy un privilegio que sólo disfrutan los partidos.
• La abstención es el único medio pacífico al alcance de los ciudadanos para deslegitimar al Régimen del 78 y provocar su caída.

Razones adicionales:

• El sistema proporcional es fraudulento porque el valor de cada voto cambia en función de a quién se vota y dónde se vota. Donde un voto no tiene valor uno, hay un fraude. Practicamos la abstención activa porque nos negamos a cooperar con un fraude electoral.
• Cada abstención suma uno. Las abstenciones no pueden ser fraccionadas por el sistema proporcional. La abstención es la única opción política actual con la que el valor de cada ser humano es igual a uno.
• El sistema proporcional convierte a los ciudadanos en votantes y les impide ser electores. Votar listas no es elegir: es la perpetuación de la imposibilidad de elegir.
• Nos negamos a votar porque defendemos la libre elección. Guardamos nuestro voto para cuando podamos elegir a nuestro Gobierno y a nuestros diputados en elecciones separadas y directas.
• [Ante el argumento de que ahora se vota a partidos o ideas]: Las acciones no las realizan ni los partidos ni las ideas. Votar partidos o ideas es una ensoñación metafísica. Sólo las personas realizan actos y sólo las personas son responsables de los actos que realizan. Queremos elegir personas para que sean responsables de sus actos.
• El sistema proporcional de listas impide tener un diputado al que dirigirse para pedirle cuentas de su gestión.
• Los diputados de listas no rinden cuentas de sus actos ante los ciudadanos, sino ante el jefe del partido que le ha incluido en una lista. Su lealtad es para el jefe de su partido porque su continuidad como diputado depende del jefe de su partido y no de los ciudadanos.
• Donde la libertad política es el privilegio de unos pocos (los jefes de los partidos), ese régimen político es una oligarquía.
• Todo privilegio es un atentado a la libertad de todos. Todo privilegio es una inmoralidad. Todo privilegio debe ser destruido sin piedad.
• Todo edificio político se sostiene mediante la suma de la legalidad y la legitimidad. La abstención mayoritaria despojará al edificio del 78 de la legitimidad que obtiene de los votos. Sin legitimidad, sólo conservará la legalidad: mantendrá el poder, pero habrá perdido la autoridad; sin autoridad, el poder se desmorona. Será un poder que habrá dejado de ser aunque aún esté. Un edificio político deslegitimado es incapaz de sostenerse porque es una estructura sin cimientos. Podrá tardar días o semanas, pero su caída será inevitable.

• La abstención es un derecho político y tiene exactamente el mismo valor que el derecho al sufragio.
• La abstención es, en la actualidad, la única opción política de quien tiene estima de sí mismo.
• Practico la abstención porque soy responsable de mis actos y asumo las consecuencias que producen.
• La abstención no me descalifica para denunciar el estado de cosas actual. Todo lo contrario, me cualifica para hacerlo porque yo no he cooperado con esta situación.
• Afirmar que la abstención no es útil es el discurso del conformismo.
• La abstención no opera contra ningún posicionamiento ideológico, sino contra las reglas del juego político actuales.
• La abstención no beneficia a ningún partido. Los perjudica a todos porque ataca las reglas de juego que los sostiene.
• La abstención es el único enemigo que tiene el Régimen del 78.

El objetivo que perseguimos mediante la abstención masiva es deslegitimar al Régimen del 78 para hacerlo caer. Es el único medio pacífico para conseguir abrir un período de Libertad Constituyente que desemboque en la República Constitucional que defendemos.

La abstención no tiene efectos políticos hoy porque aún no tiene la fuerza necesaria para ello. Tendrá efectos políticos cuando se convierta en la opción política del 60% del censo electoral, posiblemente con menos. Esto es lo que perseguimos y le explico por qué.

Un 60% de abstención es un 60% de la población que expresa su rechazo al estado de cosas actual. Este rechazo produce algo que antes no existía: genera un conflicto entre la legalidad del resultado electoral y su legitimidad. Sabemos y prevemos que este hecho no impedirá la constitución de las Cortes o la elección de un nuevo Gobierno. Pero también sabemos que esos diputados se sabrán a sí mismos carentes de legitimidad, de autoridad para realizar sus funciones, porque sólo un tercio de la población les respalda. Un poder sin autoridad ha perdido la fuerza que lo sostiene y su caída es inevitable.

El voto es un derecho político y lo que es un derecho no puede ser un deber al mismo tiempo. Tengo el mismo derecho a abstenerme que a votar. Una abstención vale lo mismo que un voto. Tengo derecho a quejarme porque yo no he legitimado con mi voto el estado de cosas actual. Quien vota en las circunstancias actuales lo que en realidad hace es manifestar su acuerdo con la corrupción sistémica existente y su impunidad.

El MCRC no se transformará jamás en un partido. Un partido es el agente político de una parte de la población, de ahí que se llame “partido”. Las reglas del juego político no son para una parte, sino para la totalidad de la población porque son las que establecen los medios para alcanzar el Gobierno y la representación política para todas y cada una de las partes, esto es los partidos.
Sabemos que el sistema electoral proporcional es fraudulento. En el momento en el que alguien decide participar en ese sistema electoral, se convierte en un agente que coopera con el fraude electoral. Nosotros no cooperamos con él, lo denunciamos.

Cuando se abra un período de Libertad Constituyente, eso sólo habrá llegado a suceder porque nuestras tesis de la forma de Estado republicana con separación de poderes y la democracia como forma de Gobierno habrán conquistado la hegemonía cultural en el seno de la sociedad civil.
La Libertad Constituyente se compone de un único ingrediente: la verdad de los hechos. Sin la verdad de los hechos no puede haber libertad. Una decisión basada en información falsa es la receta perfecta para obtener un resultado contrario al deseado. La verdad de los hechos es libertad.
La Libertad Constituyente es creadora. No existe un listado de acciones que se pueda prescribir. Una vez que la abstención deslegitime al Régimen del 78 y provoque su caída se dará inicio a un período de Libertad Constituyente. Las acciones que se impulsen a partir de ahí serán nativas de cada momento y tendrán que atender a las circunstancias que concurran en cada momento. Podrá haber un Gobierno provisional con poderes limitados para este período, una comisión técnica administrativa para establecer distritos electorales de 100.000 habitantes, etc. Pero estos detalles no son lo que más importa para este período.
Lo único relevante será que durante varios meses se produzca la libre circulación de la verdad de los hechos, que los partidarios de todas las formas de Estado y de Gobierno dispongan de medios para defender sus tesis; y que, finalmente, este período culmine con un referéndum electivo con el que los ciudadanos elijan qué forma de Estado quieren y qué forma de Gobierno quieren. En eso consiste la Libertad Constituyente.

Cada vez que se implanta una nueva forma de Estado y de Gobierno tiene lugar un proceso constituyente. La Restauración de Alfonso XII, la II República, la dictadura franquista, el Régimen del 78, todos ellos tuvieron su propio proceso constituyente. Pero el motor de estos procesos fue un pronunciamiento militar, la huida de la Monarquía, el resultado de una Guerra Civil y la reforma de una dictadura por parte de una oligarquía.
La Libertad Constituyente es un proceso constituyente cuyo motor es la verdad de los hechos y la libertad en manos de todos los ciudadanos y no en las de una elite.

La República ha sido entendida hasta ahora como la ausencia de la Monarquía. Ahí cabe una República Parlamentaria, una República de Partidos y hasta una tiranía que se llame República a sí misma.
Entendemos la República Constitucional como la afirmación de los siguientes hechos:
• Es República porque establece la igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos. Esto es incompatible con la existencia de un monarca.
• Es Constitucional porque separa al Estado y a la Nación mediante la elección separada de quien haya de gestionar el Estado (el Gobierno) y quienes hayan de representar a la Nación (los diputados). Esto es incompatible con parlamentos que elijan Gobiernos y con partidos que designen diputados.

Eso decían los franquistas para justificar la dictadura.

Todo el mundo identifica la idea de República con la II República. El recuerdo de la II República es el mayor enemigo de la República Constitucional. Nos oponemos a la II República. ¿Qué legado nos dejó? Una Guerra Civil, una dictadura militar y el desastre que hoy soportamos.
Queremos una República Constitucional, moderna, en la que el poder político esté en manos de sus legítimos propietarios: los ciudadanos. Y que los ciudadanos puedan delegar su poder político de forma directa y por mayoría absoluta en un Gobierno que los gobierne y en unos diputados que les representen y hagan sus Leyes.
La III República no será de los trabajadores como tampoco lo será de los banqueros. La República Constitucional será de todos los españoles por igual.

No. Ahí hay una confusión. La Libertad Constituyente lo es porque es lo que constituye la forma de Estado y la forma de Gobierno. La libertad no puede ser constitucional porque la libertad, por sí misma, no separa los poderes.
La República Constitucional lo es porque separa los poderes del Estado. La República no puede ser constituyente porque la República Constitucional será lo constituido.

Desde el punto de vista político, en la esfera del Estado, un ciudadano es un gobernado; en la esfera de la Nación, un ciudadano es un representado.
La libertad política es la que permite a los ciudadanos elegir libre y directamente a su Gobierno como gobernados; y la que también les permite elegir libre y directamente a cada uno de sus representantes políticos como representados. Es, en definitiva, la libertad para actuar en el espacio de lo público, en la res pública.

Libertad colectiva es la que permite que todos los ciudadanos disfruten de libertad política en igualdad de condiciones. En una situación de libertad colectiva, la libertad de cada individuo comienza y termina en el mismo lugar en el que empieza y termina la libertad de todos y cada uno de los demás individuos. Esta es la razón por la que yo no soy libre si tú no lo eres. Y yo quiero ser libre.

En realidad son lo mismo:
Libertad Colectiva es la situación en la que la libertad de cada individuo comienza y termina en el mismo lugar en el que empieza y termina la libertad de todos y cada uno de los demás individuos. Libertad Constituyente es la Libertad Colectiva en el estadio de creación y fundación de una nueva forma de Estado y una nueva forma de Gobierno. Libertad Política es el ejercicio de la Libertad Colectiva una vez concluido el estadio de Libertad Constituyente.

Nos tememos que siempre se ha dicho eso equivocadamente. Esa afirmación es cierta con respecto a los derechos. El derecho de una persona a algo impone a todos los demás no un derecho, sino la obligación de respetar ese derecho de esa persona. Por eso mi derecho termina donde empieza el suyo. Pero si usted no es libre, yo tampoco puedo serlo porque mi libertad empieza y termina donde lo hace la suya. Para que la Libertad sea un hecho debe ser disfrutada en la misma medida y de forma simultánea por todos los miembros de la sociedad, de ahí que se llame Libertad Colectiva.

La democracia no tiene más que dos sencillos requisitos: dos urnas. Una urna para elegir directamente al Gobierno en circunscripción única de toda España y otra urna en cada distrito para elegir al diputado de cada distrito. Eligiendo a personas por su nombre, sin listas. Y, en ambos casos, por mayoría absoluta, a doble vuelta si fuera necesario.
No hay democracia en España ni en el resto de Europa porque en ningún lugar se cumplen estos sencillos requisitos. Los países comunistas siempre presumen de democráticos; Franco decía que su dictadura era una democracia orgánica. Decir que algo es una democracia no lo convierte en democracia.

Señale en qué artículo se establece la separación de poderes. En ningún lugar habla de ello la Carta Otorgada que llama Constitución de 1978. Sin embargo, la CE78 sí dice que el poder Legislativo elige al poder Ejecutivo y que el Ejecutivo participe en las deliberaciones de la Cámara del Legislativo y tenga hasta asientos preferentes en ella.
Lo que la CE78 establece es la unidad de poder y la división de funciones.
Exactamente igual que el franquismo.

Mediante la separación en origen de los medios de elección de las personas que hayan de asumir estos poderes. Eso se hace con algo tan sencillo como dos urnas distintas, dos convocatorias electorales separadas en el tiempo: una para elegir al Gobierno y otra para elegir a tu diputado.

Elección uninominal por mayoría absoluta en todo tipo de elecciones, a doble vuelta entre los dos candidatos más votados en el caso de que en una primera vuelta ninguno obtenga la mayoría absoluta de los votos.

“Elección uninominal” quiere decir elección de una persona por su nombre; no votación a una idea ni a un partido ni a cualquier otra entidad carente de responsabilidad de los actos de las personas.

El Presidente de la República –que formará su Gobierno libremente– se elegirá en circunscripción única de toda España en una elección separada. La elección será uninominal, se votará a una persona. Los partidos podrán proponer los candidatos que les parezca oportuno, pero no se podrá votar a un partido, sino a una persona.
Será elegido Presidente de la República el candidato que obtenga la mayoría absoluta de los votos, a doble vuelta si fuera necesario.

Las elecciones al Parlamento estarán separadas de la elección a la Presidencia de la República. España se deberá dividir en distritos electorales de unos 100.000 habitantes cada uno para que cada distrito elija a su diputado. La elección será uninominal (un único diputado por distrito) y en cada distrito resultará elegido diputado el candidato que obtenga la mayoría absoluta de los votos, a doble vuelta si fuera necesario.
Cada candidato a diputado incluirá en su papeleta el nombre de un suplente. En el caso de que el diputado elegido fallezca, renuncie a su cargo o sea destituido por su distrito, el candidato suplente ocupará el escaño del distrito.

Cuando un distrito otorga su representación política –esto es, su diputación– a un candidato, lo hace para que su representante cumpla lo que ha prometido hacer. El distrito conserva siempre la capacidad de revocar la diputación otorgada. En cada distrito habrá una oficina del distrito electoral dirigida por el suplente del diputado elegido. El suplente ambiciona el escaño y velará por que el diputado cumpla lo prometido, que no mienta y que no se corrompa.
En el caso de que el distrito así lo desee, en cualquier momento podrá poner en marcha el mecanismo de revocación. El diputado será revocado cuando una mayoría cualificada de su distrito –la mayoría absoluta de los electores censados– manifieste en esta oficina su deseo de revocar la diputación otorgada.

No lo es. El presupuesto de las Cortes más lo que los partidos nos obligan pagarles con nuestros impuestos ronda los 120 millones de euros anuales. Una tasa de representación de 3 euros al año por cada mayor de edad en el distrito rebajaría ese coste hasta unos 110 millones. Cada distrito podría contar al año con unos 240.000 euros para pagar el salario del diputado, sus viajes a Madrid, la oficina del distrito, el personal de la oficina, etc. Súmele el ahorro de liquidar los parlamentos y gobiernos autonómicos y sus maquinarias. Ahorraremos cientos de millones.
Añadamos también que no ponemos la Libertad en almoneda. La República Constitucional será una barrera contra la corrupción porque sus instituciones inteligentes pondrán coto al aprovechamiento privado de los asuntos públicos. Y esto acabará con el saqueo al que ahora están expuestos los ciudadanos. Pero no defendemos la República Constitucional por motivos económicos. La Libertad es un tesoro sin precio.

El mandato imperativo es el del elector sobre su elegido; del representado sobre su representante. Del mismo modo que un representante jurídico está obligado a defender los intereses de su representado, así debe estarlo el representante político. Los representados pagan el salario del representante para que les represente, no para que haga lo que le apetezca ni para que busque su beneficio personal. Quien manda es el elector, no el elegido. El diputado es un empleado del distrito, no su jefe.
Y es cierto que la CE78 prohíbe el mandato imperativo. Sin embargo, los partidos lo practican con un eufemismo, lo llaman “disciplina de partido”. Otra evidencia de que los diputados actuales están al servicio de los partidos y no de los ciudadanos.
La llamada “disciplina de partido” es anticonstitucional y convierte en nula de pleno de derecho toda la legislación aprobada desde la entrada en vigor de la CE78.
Si cada diputado atiende sólo al interés de su distrito y no a una política común al partido al que pertenezca, va a ser muy difícil aprobar leyes.
Y eso será muy bueno. Se tardará en aprobar cada nueva Ley y se aprobarán pocas. Y todas y cada una de ellas serán duraderas porque responderán al interés y a la voluntad de los ciudadanos. Y no al de los partidos u otros grupos de poder o presión.
Desde octubre de 1977 hasta la actualidad, el Congreso ha aprobado más de 2.500 normativas (leyes orgánicas, ordinarias, decretos-leyes y decretos-legislativos). Esto supone que se ha aprobado una nueva normativa cada cinco días desde hace 40 años. Y eso tan sólo en el Congreso; añádale todas las normativas que aprueban todas las CCAA, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos. Y las Directivas de la UE. Hay una estimación que señala que en España hay que cumplir alrededor de 100.000 normativas. Ahora piense que cada nueva normativa es una nueva limitación a las conductas, a la libertad, y saque usted sus propias conclusiones.

Porque impide que los ciudadanos elijan a sus diputados. Son los jefes de los partidos los que deciden quién va en cada lista y en qué posición. En España no se eligen diputados, se crean diputados. El sistema proporcional arrebata a los ciudadanos la capacidad de elegir a sus representantes y entrega a los jefes de los partidos el poder de crear diputados.
Y aún más. Un voto no computa como uno, el sistema proporcional cambia el valor de los votos en función del lugar en el que se vota y a quien se vota. Cuando un ciudadano va a votar desconoce cuál será el valor final de su voto, que cambiará en función de lo que voten sus vecinos.
El sistema electoral proporcional es el fraude electoral convertido en norma. El fraude electoral proporcional constituye por sí mismo la corrupción moral de la que emana la corrupción económica desde hace 40 años. La corrupción económica es inevitable mientras se mantenga el fraude proporcional.
Consecuencias sistema electoral proporcional de listas:
• Los ciudadanos no tienen representación política.
• Los diputados sólo son leales a quien deben su cargo, por lo que su lealtad es hoy sólo para el jefe de su partido.
• Genera un conflicto en el que los intereses de los diputados están enfrentados a los de los ciudadanos.
• Se legisla en interés de los partidos porque la lealtad del diputado es para el partido.
• Es uno de los dos motores que estatalizan a los partidos actuales y los convierte en enemigos de los ciudadanos –el otro motor es la financiación pública de los partidos–.
• Los partidos dejan de ser la consecuencia de la libertad de asociación de los ciudadanos para convertirse en los amos de los ciudadanos: no es la sociedad civil la que traslada a sus agentes (los inexistentes partidos políticos) su pensamiento y ánimo para crear una sociedad política que medie entre la sociedad civil y el Estado, sino que es el propio Estado mediante sus órganos (los partidos estatalizados) el que impone a la sociedad qué se debe hacer y pensar.

No hay diferencia entre las listas cerradas o abiertas. El problema son las listas, que son elaboradas por la jefatura de los partidos, y que el resultado electoral atiende a un criterio de proporcionalidad y no al de la mayoría. La democracia no es proporción: la democracia es mayoría.
Las elecciones al Senado se hacen con listas abiertas.

No existen niveles de democracia, ni grados de calidad de la democracia, ni democracias avanzadas o atrasadas. La democracia es la elección libre, directa y separada del Gobierno y de los representantes políticos. Y eso no tiene niveles ni grados.
La democracia no depende de que las acciones de un Gobierno puedan gustar o no; del mismo modo, la representación política no depende de que la acción de los diputados guste o no. La democracia depende de los medios de elección del Gobierno y de los diputados. La democracia son reglas del juego.
El mensaje de que hay más o menos democracia o de que la democracia tiene más o menos calidad no se corresponde con la realidad. La democracia sólo tiene dos estados: está presente o está ausente. En España está ausente.

La organización interna de los partidos no guarda ninguna relación con la democracia porque los partidos no constituyen la democracia. Los partidos no son más que la consecuencia de la libertad de asociación. Que los partidos se organicen internamente como quieran sus afiliados. Eso no incumbe a la democracia.
Lo que sí incumbe a la democracia es que los partidos son, en la actualidad, los agentes que impiden que los ciudadanos podamos elegir a nuestro Gobierno de forma directa y separada; y que podamos elegir a nuestros diputados de forma directa y separada.
Llama mucho la atención que se hable tanto de que los militantes de uno u otro partido puedan elegir democráticamente a su jefe y que se hable tan poco de elegir democráticamente a nuestro Gobierno.

Lo que pasará es que los partidos perderán el inmenso poder que se dieron a sí mismos con el sistema electoral proporcional. Al votar por una única persona, serán los ciudadanos los que tengan el poder que hasta ahora han disfrutado los jefes de los partidos.
A los partidos estatalizados actuales les aterra la democracia porque los ciudadanos dejaremos de depender de ellos y serán ellos los que dependan de los ciudadanos.
Seguirá habiendo partidos porque son la consecuencia de la libertad de asociación, que es irrenunciable. Los partidos apoyarán a sus candidatos en cada elección y eso no está mal. Pero la elección del Gobierno y de los diputados será de los ciudadanos, no de los partidos.
Otra cosa que le pasará a los partidos es que tendrán que financiarse con las cuotas de sus afiliados. Los ciudadanos no tienen por qué ser obligados a financiar a partidos políticos que estén en conflicto con sus intereses personales. La financiación pública de los partidos es un privilegio que se han dado los partidos a sí mismos. La República Constitucional acabará con todos los privilegios.

Porque se financian con el dinero que el Estado toma de los contribuyentes.
Porque el sistema electoral proporcional impide que la Nación tenga voz. El jefe de cada partido asalariado por el Estado decide quién puede llegar a ser diputado al incluirlo en las primeras posiciones de una lista. De este modo, un grupo reducido de personas que están a sueldo del Estado son quienes deciden, desde el Estado, quién será diputado. Y los diputados están también asalariados por el Estado.
El Parlamento nació para impedir los abusos de poder del Estado y su Gobierno contra los individuos, que son la Nación. El origen del Parlamento es la Nación. Sin embargo, hoy es propiedad del Estado porque está al servicio de los partidos, que están a sueldo del Estado.

Los sindicatos y las asociaciones patronales también reciben financiación del Estado, también están a sueldo del Estado, también están estatalizados.
Ha mencionado la separación de poderes. ¿Qué pasa con la Justicia?
Cuando hablo de separación de poderes hablo del Ejecutivo y del Legislativo. Aunque la Justicia se ha considerado tradicionalmente como uno de los poderes del Estado, en realidad no tiene la misma capacidad de acción de la que sí gozan el Ejecutivo y el Legislativo.
La Justicia tiene que ser independiente del Ejecutivo y del Legislativo. Esto sólo se consigue con un presupuesto propio y que ni el Ejecutivo ni el Legislativo tengan ninguna capacidad de acción sobre la elección del órgano de Gobierno de los Jueces.

El órgano de Gobierno de los Jueces será elegido en una elección libre, directa y separada en circunscripción única de toda España. Serán electores y elegibles todos los integrantes del universo judicial. Esto incluye no sólo a Jueces y Magistrados, sino también a los fiscales, a los secretarios judiciales, a todos los funcionarios dependientes de la Justicia, a los procuradores, a los abogados en ejercicio… En definitiva, todo el mundo jurídico.
Para cualquier momento en el que nuestro interlocutor hable del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional es hoy un tribunal político y debe ser liquidado como tal. En su lugar, el Tribunal Supremo de la República Constitucional contará con una Sala de lo Constitucional, cuyos miembros serán Magistrados que formarán parte de la carrera judicial.
Otra cuestión muy importante a este respecto será el conocimiento que tendrán todos los Jueces y Magistrados en materia constitucional. Cualquier Juez de Primera Instancia tendrá capacidad para aplicar la Constitución de la República Constitucional. Esto debe ser así porque un derecho constitucional de una sola persona vale más y debe tener más fuerza que la voluntad de cualquier Gobierno.

En todas partes se oye que se utilizan las palabras “Estado” y “Nación” como si significaran lo mismo. Incluso se utiliza una cuando se quiere hacer una referencia a la otra.
El Estado y la Nación son cosas totalmente distintas. Son tan diferentes que la idea de la separación de poderes en la que se sustenta la democracia formal tiene como único objetivo establecer una clara separación entre el Estado y la Nación:
• El Estado se compone del Gobierno y su maquinaria administrativa. El Estado está hecho de instituciones. El poder que se corresponde con el Estado es el poder Ejecutivo.
• La Nación es la reunión de todos los individuos que son naturales de ella. La Nación está hecha de seres humanos. El poder que se corresponde con la Nación es el poder Legislativo.
No existe el “Gobierno de la Nación”. El Gobierno es del Estado y su legitimidad moral se sustenta en que sea elegido de forma directa por los gobernados.
La Nación es anterior al Estado.
El Parlamento y su poder Legislativo surgieron como respuesta a los abusos de poder de los gobiernos con el objetivo de someter al Gobierno a la Ley para impedir la arbitrariedad: un poder de los ciudadanos gobernados (la Nación) para frenar el poder del Gobierno (el Estado). Entregar al Gobierno el control del Legislativo, como sucede hoy, es darle vía libre a la arbitrariedad y al abuso de poder.

Porque las elecciones de junio de 1977 fueron elecciones generales –y no Constituyentes– tal y como establece su convocatoria de 15 de abril de 1977. Un diputado ordinario obtiene su escaño por un poder ya constituido. Y lo constituido no puede ser constituyente al mismo tiempo. ¿Sería acaso aceptable que las actuales Cortes dijeran de repente que son constituyentes y se aprestaran a hacer una nueva Constitución y que la hicieran en secreto, tal y como sucedió en 1978? ¿Aceptaría usted eso?

Porque la llamada CE78 no establece la separación del poder Ejecutivo y el Legislativo. Muy al contrario, uno es nombrado por el otro. Si no hay separación de poderes no hay Constitución porque esa es la razón de ser de una constitución: separar los poderes y establecer las reglas del juego político.

Porque hay un español, el monarca, que está constitucionalmente exonerado de cumplir la Constitución. Si la Constitución no obliga a todos por igual, no hay Constitución.

Que a la Carta Otorgada de 1978 se la llame constitución no la convierte en una Constitución.

Porque la Carta Otorgada a la que llama CE78 está viciada en origen y por esa razón todo lo que emane de ella conservará ese vicio.
Toda reforma se basa en lo existente y garantiza la continuidad de lo que existe. Reforma es la palabra con la que la propaganda designa la continuidad. La continuidad de lo existente es incompatible con la democracia formal.
Todo intento de reforma no hará sino alejar la conquista de la Libertad Colectiva y la República Constitucional.

No. Pero sí dará a los ciudadanos algo que no tienen en la actualidad: les dará el control y el poder de expulsar de forma directa a todo el que se corrompa. Esta capacidad es la que hará disminuir la corrupción a la mínima expresión porque todos los cargos electos sabrán que se juegan el cargo con cada palabra y cada acción.
Hoy no tenemos esa capacidad porque el control está en manos de los partidos. ¿Prefiere usted tener esa capacidad o no tenerla para que sean otros quienes la tengan?

No. Nos basamos en los hechos y tratamos de decir la verdad, que es contraria a la mentira. Presente usted hechos que rebatan lo que aquí se afirma, pruebe la veracidad de esos nuevos hechos y atenderemos a esos hechos de los que no teníamos conocimiento.
Perseguimos la libertad para todos, no el poder para unos pocos. Por esa razón no tenemos miedo a los hechos, de todos los hechos.

Las CCAA son un artificio que responde al interés de los partidos estatalizados de dar empleos y poder local a sus partidarios. La experiencia nos dice que el sistema de CCAA ha fracasado. Nos dice que los ciudadanos no son más libres por tener dos Gobiernos y dos Parlamentos. Si duplicación de Gobiernos y Parlamentos nos hiciera más libres, ¿por qué no triplicarlos o cuadruplicarlos?
España es una Nación que tiene un Estado. Por lo tanto, su República tendrá un único Gobierno y un único Parlamento.
Bajo la República Constitucional todos los españoles serán iguales ante la Ley. Se acabaron los privilegios localistas.

La República Constitucional tendrá un Parlamento con una única cámara de representación. Una vez que los ciudadanos tienen a sus representantes políticos y existe una Asamblea en la que éstos toman decisiones colegiadamente, no existe ninguna razón que aconseje duplicar la representación ni la Asamblea.

No. Una República federal se compone de estados que son libres y soberanos y que voluntariamente deciden unirse, federarse, para crear esa República federal. Para que España se convirtiera en una República federal antes sería necesario romperla para después unirla.

No. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, la República igualará a todos los españoles ante la Ley. Y eso incluye el pago de impuestos. Los privilegios fiscales serán eliminados. Toda diferencia fiscal constituye un privilegio y eso es incompatible con la República.

Pues que tendrán tantos diputados como quieran los ciudadanos. El sistema electoral uninominal por mayoría en distritos de 100.000 habitantes reducirá al nacionalismo a su realidad local.

El MCRC no pretende tener ni dar una solución a los conflictos que produce la condición humana y su vida en sociedad. Esas pretensiones pertenecen al ámbito de las ideologías.
Nosotros sólo defendemos el establecimiento de unas reglas del juego político en el que las ideologías se enfrenten en igualdad de condiciones y en el que el poder de resolución de ese enfrentamiento ideológico esté en las manos de los ciudadanos y no de ningún partido ni de ningún grupo de poder o de presión.
La dirección política que adopte cada Gobierno elegido por los gobernados será responsabilidad de cada Gobierno, no de la República.
Del mismo modo, la dirección política que adopten las iniciativas legislativas del Parlamento elegido por los ciudadanos será responsabilidad de los miembros de ese Parlamento, no de la República.